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El último negocio abortista del estado de Missouri aún no ha renovado la preceptiva licencia anual que le permite desarrollar su actividad homicida. Organizaciones provida denuncian que al menos 70 mujeres fueron trasladadas a hospitales después de abortar en este centro de Planned Parenthood.
En septiembre de 2018 se clausuró el penúltimo negocio abortista en el Estado de Missouri (EE.UU.) por no cumplir las condiciones sanitarias mínimas establecidas por la ley. Parece haberle llegado al último establecimiento destinado a matar seres humanos antes del nacimiento.
El único establecimiento de estas características que existe en este estado es propiedad de Planned Parenthood y se encuentra en la ciudad de San Luis. Su licencia de apertura expira el próximo viernes y existe un amplio expediente de casos de mujeres dañadas en el proceso de abortar a sus hijos.
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Organizaciones provida han reportado al menos 70 ocasiones en las que estas mujeres han sido llevadas a hospitales locales después de su paso por los quirófanos de Planned Parenthood en Missouri.
Si el departamento de Salud de Missouri no renueva la licencia anual de este establecimiento, este estado del medio oeste se convertiría en el primero de la unión norteamericana en estar libre de negocios abortistas por primera vez desde la legalización del aborto en 1973 con la sentencia Roe vs Wade del Tribunal Supremo.
Según refiere LifeNews, el Departamento de Salud asegura que estudiará la renovación de la licencia el mismo viernes al tiempo que explica que este año se recibió la solicitud de renovación el pasado 18 de mayo, más tarde de lo que ha sido habitual años anteriores.
Missouri se ha destacado en los últimos años por mantener una de las agendas provida más ambiciosas dentro de los Estados Unidos.
El pasado 24 de mayo, el gobernador del estado Mike Parson promulgó una ley que prohibie el aborto después de que sea detectado el latido fetal, a las 8 semanas de vida prenatal (añaden dos límites más de 14 y 18 semanas, previendo que algún juez bloquee esta disposición); eleva los seguros por mala praxis a 3 millones de euros; aumenta las donaciones y beneficios fiscales para donaciones a centros de ayuda a la mujer embarazada; prohibe el aborto por motivo racial, de sexo o diagnóstico de Síndrome de Down; y prevé anular la posibilidad de aborto por completo si se revierte la sentencia Roe vs Wade en el Tribunal Supremo.