“Pensar que si hubiera nacido en otra época, me habrían quemado en la hoguera. ¡No me van a callar!” contestó a su despido la periodista

Un funcionario del gobierno de la ciudad se come una torta con forma de Cristo y es ratificado en su cargo. Una periodista se expresa en contra del aborto y pierde su trabajo. Así están las cosas en la Argentina.

La periodista Amalia Granata, quien hasta ayer se desempeñaba en la señal de aire Canal Nueve, fue echada del programa Todas las tardes. El motivo, formalmente y tal como reconocieron autoridades del canal, es un tuit en la cual reprocha la actitud de quienes promueven la despenalización del aborto al no reclamar mejor prevención para el cáncer de mama. El contexto tiene que ver con el reciente fallecimiento por esa enfermedad de la hija de María Eugenia Fernández de Laprida, una de las popularmente conocidas Trillizas de Oro.

“El Cáncer de mama es la 1 er causa de muerte de mujeres en Argentina, no las veo con el pañuelo verde pidiéndole al Estado prevención y tomógrafos para las más vulnerables #coherencia #CuidemosLasDosVidas”, escribió Granata. Ni la madre ni la familia de la joven fallecida reprochó a Granata. Incluso ellas, en el dolor de acompañar la enfermedad de la joven, se habían expresado con la misma claridad que Granata en contra del aborto.

Sin embargo, Diego Toni, gerente de contenidos de Canal Nueve, explicó en la radio La Once Diez: “Amalia hizo un comentario desafortunado en un momento desafortunado, sobre todo para la familia Laprida. Nosotros interpretamos ese tuit de la misma manera que muchos medios de comunicación importantes, y por eso nos pareció prudente correr a Amalia momentáneamente, espero que no sea para siempre, porque todos tenemos derecho a equivocarnos”.

La conductora del programa María Eugenia Lozano, por caso, se expresa a favor del aborto con la misma contundencia que Granata lo hace a favor de las dos vidas. Y ha retuiteado personajes que agravian directamente a quienes se oponen a la despenalización, calificando como “antiderechos” a quienes se oponen al aborto legal.

A ninguna de las personas que se oponen a un cambio a la ley vigente les debe satisfacer que por defender la calificación vigente del aborto se le diga que no respetan los derechos. Ofende. Pero nadie ha reclamado el despido de María Eugenia Lozano ni de otra periodista por eso. Y nadie ha sido despedido por agravios directos o indirectos que tantos comunicadores han proferido, menospreciando argumentos y posiciones contrarias a la despenalización.

“Toda lucha tiene sus consecuencias… la mía le costó el pan a mis hijos. No voy a bajar los brazos. #CuidemosLasDosVidas”, escribió Granata tras darse a conocer la decisión, y completó: “Pensar que si hubiera nacido en otra época, me habrían quemado en la hoguera. ¡No me van a callar! ¡No le tengo miedo a las operetas! No me asustan, al contrario, me dan mas fuerzas #SalvemosLasDosVidas”.

Fue abrumadora la respuesta en redes de quienes respaldaron a la comunicadora, que no sólo se ha mostrado en su canal a favor de las dos vidas, sino que también se mostró en manifestaciones públicas en contra de la legalización del aborto, y como lo expuesto, ha sido muy activa en redes en ese sentido.

Lo han hecho otros (pocos) periodistas, como Mariano Obarrio, de quien ya hemos escrito en Aleteia  han criticado que periodistas expresen que el comentario de Granata en redes “fue “poco feliz o desafortunado” sólo p/justificar el despido d @canal9oficial : es un claro atentado contra la libertad de expresión y el derecho a opinar”. “Parece que el aborto los vuelve autoritarios”, expresó en Twitter. Su mismo diario La Nación, en su edición online, tituló la noticia: “Tras un desafortunado tuit, Amalia Granata fue desvinculada de la pantalla de El Nueve”.

La Argentina se prepara para asistir a un debate en el Senado de la Nación de una ley que impide a los trabajadores de la salud oponerse en toda circunstancia a realizar un aborto. Mientras tanto, hay signos de que opinar distinto puede tener represalias similares a las de los médicos, que serán obligados, si se sanciona la ley, a inscribirse en una lista como objetores. Con esta ley, difícilmente un objetor llegue alguna vez a ocupar un puesto de jerarquía en un hospital público. Incluso sin esta ley, hasta los periodistas que piensan distinto tienen problemas para desempeñar su trabajo con libertad en las principales señales de la Argentina.