El Senado convirtió en ley anoche el nuevo Código Penal de la República Dominicana, el cual penaliza el aborto, eleva la pena máxima de 30 a 40 años de cárcel y castiga el feminicidio con 40 años de prisión.La iniciativa, que había sido aprobada en el mes de junio del presente año por la Cámara de Diputados, fue sancionada sin modificaciones y será enviada al Poder Ejecutivo para su promulgación u observación.

La pieza fue declarada de urgencia y liberada de los trámites de lectura, a petición del presidente de la Comisión de Justicia, Arístides Victoria Yeb, quien defendió la penalización. De 20 senadores presentes en la sesión, votaron 19 a favor y sólo Julio César Valentín no votó por el Código.

Se recuerda que la Cámara de Diputados aprobó en junio pasado, de urgencia, en dos lecturas y modificaciones, el nuevo Código Penal de la República Dominicana, eliminando el párrafo del Artículo 110 que mandaba a la creación de una ley especial sobre el aborto. Dicho párrafo que expresaba “la interrupción del embarazo por causa de violación, incesto o por malformaciones del embrión incompatible con la vida clínicamente comprobada, estarán sujetos a los requisitos y protocolos que se establezcan mediante ley especial”.

El nuevo Código Penal, convertido en ley por los senadores, castigará el aborto con penas de dos a tres años tanto a la mujer que se someta a un aborto, como a la persona que le ayude. Del mismo modo, al médico, enfermera, partera, cirujano, farmacéutico u otro profesional que realicen o asistan en un aborto serán castigados con penas de cuatro a 10 años.

En noviembre del 2014, el presidente Danilo Medina observó los artículos referentes al aborto, en el Código Penal, a fin de que los legisladores especifiquen las excepciones que deben prevalecer en caso de penalizar la interrupción del embarazo.

El nuevo Código Penal también aumenta las penas de 30 a 40 años y castiga de cuatro a 10 años de prisión al que cause un aborto a una mujer embarazada y establece la acumulación de penas hasta los 60 años de prisión. La pieza contempla penas de 20 a 30 años y fija castigos de cuatro a 10 años a los adultos que induzcan a menores a cometer actos delincuenciales. Además castiga la invasión de terreno, el feminicidio, el envenenamiento, y el crimen de lesa humanidad, entre otros.