Donald Trump, como en su día Ronald Reagan, venció en las presidenciales con un programa social que rechaza expresamente el aborto. No está claro que vaya a lograr revertir la legislación, pero parece indudable que durante su mandato volverá a librarse la batalla cuarenta años después de la histórica decisión del Tribunal Supremo de EE.UU. -conocida como «Roe v. Wade»– que declaró el aborto como «un derecho protegido por la Constitución».

«Soy pro-vida. Y los jueces serán pro-vida», contestó el pasado 13 de noviembre Donald Trump a la pregunta de la periodista de la CBS sobre el aborto, y sobre sus presuntos planes de nombrar a un juez antiabortista para el actual puesto vacante en el Supremo. Trump defiende que la sentencia «Roe v. Wade» de 1975 sea anulada por el máximo tribunal, y lo argumenta con principios constitucionales y no religiosos: la decisión de permitir o no el aborto «debería ser competencia de los estados», y no de la entidad federal. Un modo gradual de revertir la mentalidad antinatalista, o al menos de romper el tabú en torno al debate sobre los llamados derechos reproductivos de la mujer. Muchos estados, controlados por los republicanos, desean prohibir o limitar severamente la interrupción del embarazo. Trump propone que se revierta la autorización del aborto libre y gratuito a nivel federal, y que las mujeres que lo deseen lleven a cabo el aborto solo en los estados donde sea legal.

Donald Trump se pone en línea con la argumentación de Ronald Reagan, que en 1981 llegó a la Casa Blanca con una agenda claramente antiabortista. «Para mí el aborto no es un problema religioso sino constitucional», declaró Reagan en 1984. «Creo que hasta que no se establezca sin género de duda que el niño no nacido no es un ser humano, el feto está protegido por nuestra Constitución, que garantiza la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad para todos».

Sin un discurso tan rotundo, Donald Trump va a volver a intentar lo que Reagan no logró en sus dos mandatos. El ex actor llegó a nombrar hasta tres de los nueve jueces del Tribunal Supremo, que en 1975 había legalizado el aborto por siete a votos a favor y dos en contra. Ronald Reagan creía que podía cambiar el equilibrio, pero los cálculos fallaron. Dos de los elegidos por el presidente conservador, Sandra Day O’Oconnor (1981) y Anthony Kennedy (1987), votaron a favor del aborto contra todo pronóstico. Solo fue leal a su promesa Antonin Scalia (1986), que ha muerto este año dejando primero a Obama y ahora a Trump la posibilidad de nombrar a otro juez para reemplazarlo.

Octogenarios

En principio, la sustitución de Scalia no cambiará el actual equilibrio dentro del Supremo: cinco jueces a favor del aborto y cuatro en contra. La clave radica en la edad de tres de los jueces liberales: Ginsberg tiene 83 años, Kennedy 80 y Breyer 78. Si uno de ellos falleciera o presentara su renuncia en el corto plazo, la balanza podría inclinarse a favor de la supresión de la histórica decisión abortista.

La ola conservadora que recorre EE.UU. desde hace años solo aguarda ese momento para inaugurar una nueva era. Desde el año 2010, los estados controlados por el partido republicano han adoptado hasta 290 normas dirigidas a limitar el aborto indiscriminado -tal como prescribe Roe v. Wade-, muchas de ellas denunciadas ante las instancias federales por los demócratas y sus organizaciones afines. La Cámara de Representantes ha aprobado, por otra parte, el Acta de Protección frente al Dolor del No Nacido, que argumenta el sufrimiento del feto durante el aborto para solicitar su prohibición después de las 20 semanas. Todo son escaramuzas a la espera de la única y definitiva batalla, que solo pueden librar los nueve jueces del Supremo