Mientras el gobierno asegura que este proyecto se basará en el diálogo con todos ha excluido a la Iglesia Católica y otros credos para así evitar cualquier oposición al matrimonio homosexual.
A final de septiembre y con un acto público, el Gobierno de Chile dará inicio al proceso prelegislativo que pretende presentar un proyecto de Ley que apruebe el llamado matrimonio homosexual en el primer semestre de 2017.
El proceso incluye una plataforma virtual, una mesa interministerial que aborde todos los aspectos del futuro proyecto, tres seminarios internacionales y conversaciones ciudadanas a lo largo del país a cargo de la Dirección de Organizaciones Sociales (DOS).
El anuncio lo dio el portavoz del Ejecutivo, Marcelo Díaz, en reunión con organizaciones de “diversidad sexual” y además adelantó que el proceso incluirá la participación ciudadana a través de tres seminarios internacionales en el mes de noviembre en tres regiones del país.
“Con esto buscamos generar conciencia y visibilizar la importancia del tema”, aseguro Díaz en rueda de prensa.
Su declaración muestra el cambio de estrategia del Gobierno, que inicialmente había planteado un esquema participativo con rasgos similares al proceso constituyente en el que se escucharan todas las voces, hacia uno en el que haya mera “información y difusión”.
Entre los cambios también resalta el hecho de que se excluye la participación de la Iglesia Católica y de otros credos, en un país con mayoría confesional, pese a que inicialmente se les había incluido en el debate.
A partir de enero de 2017, el Gobierno financiará campañas de “pedagogía” con la población al igual que el montaje de una plataforma Web para informarse del tema, es decir, adoctrinamiento ciudadano.
El proceso para legislar sobre matrimonio igualitario se enmarca en un acuerdo que firmó el Estado de Chile con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Movilh (Movimiento de Integración y Liberación Homosexual) para resolver una demanda interpuesta por este último en 2012, y que da como plazo máximo al Ejecutivo para el envío de un proyecto de ley a fines del primer semestre de 2017.
El proceso prelegislativo contempla la realización de un acto inaugural con los tres poderes del Estado en La Moneda a fines de septiembre.