“Me puso una inyección. Luego se lavó las manos con un líquido y me sacó el bebé. Lo echó en una caneca y me dijo ‘mírelo, así estaba’”. Ese es el dramático relato de una guerrillera que tenía 15 años cuando quedó en embarazo y que por orden de su comandante fue llevada a Quibdó (Chocó) en donde en un improvisado hospital fue obligada a abortar.

El testimonio hace parte del dossier de abortos forzados en el Ejército Revolucionario Guevarista (Erg) que fue documentado en el primer fallo que ha proferido la justicia contra un grupo guerrillero por esas prácticas aberrantes.

La Sala de Justicia y Paz del Tribunal de Medellín documentó los casos de 21 exguerrilleras (una cifra mínima, ya que la Fiscalía asegura que se trató de una política generalizada) y condenó a 20 exintegrantes del Erg, entre ellos a Olimpo Sánchez alias Cucho quien se desmovilizo en el 2008.

“El aborto obligatorio o no consentido se dio de forma permanente para las mujeres pertenecientes al grupo (…), dentro de sus lineamientos de convivencia y comportamiento tenía la prohibición de tener hijos, por lo que todas las mujeres del mismo que en algún momento quedaban en embarazo debían abortar como una orden irrefutable de mando superior, donde la negación de esta puede traer y traería indudablemente consecuencias fatales para las disconformes”, dice el fallo.

La prohibición para procrear, según la versión libre de un exguerrillero en el 2013, se dio porque los bebés traían dificultades operativas para el grupo, y “afectaban la organización en calidad de cuerpo armado en constante confrontación con el Estado”.

Entre las consecuencias que evidenció la Fiscalía estaba, incluso, la muerte. Es el caso de una joven de 14 años que fue asesinada por este grupo. En el 2010 Sánchez aceptó que la menor estaba embarazada cuando fue asesinada por sus propios compañeros, y que el caso se dio ante la negativa de la niña a abortar.

En el expediente se evidencia que muchas de las mujeres querían tener a sus hijos por lo que los ocultaron hasta que les fue posible. Alias Yurani, por ejemplo, le contó a la Fiscalía que en abril del 2002, cuando tenía 20 años, quedó en embarazo de un compañero del grupo. Cuando tenía dos meses de gestación fue llevada a una casa en Pueblo Rico (Risaralda) en donde un médico le practicó un aborto.

“Yo quedé en embarazo pero no les había dicho, y con una compañera nos robamos una prueba de embarazo del economato. Supe entonces que sí estaba embarazada. Yo le dije a ‘Romaña’ que no quería que me hicieran el aborto, que me dejara ir, le supliqué que me lo dejara tener, pero él me contestó que si quería que me pasara lo mismo que a mi hermanita”, relató ‘Yurani’.

En los casos de al menos siete víctimas analizadas, la Fiscalía encontró que les realizaron más de un aborto y que el método más usado era el farmacéutico, con pastillas, pero la Fiscalía encontró cinco casos en los que hubo una intervención quirúrgica.

La sentencia también documenta que los abortos eran practicados en diferentes etapas del embarazo, sin importar lo avanzado que estuviera. Se encontraron dos casos de mujeres que abortaron cuando tenían siete y ocho meses.

Las víctimas, dice el expediente, han tenido problemas psicológicos “se encuentran con deficiencias cognitivas, con dificultades de procesar y almacenar la información, con el fin de evitar pensamientos y conversaciones sobre la situación que vivieron”.

Aunque los primeros abortos, según la Fiscalía comenzaron a registrarse en el Erg desde 1993, de manera consecutiva se encontraron casos desde el 2000 hasta el 2007. La mayoría de las víctimas, según los testimonios, tenían entre 14 y 28 años de edad.

En la decisión el Tribunal ordena a la Unidad de Víctimas vincular a estas mujeres, que quieran tener hijos, a un programa de fertilidad.

Incluso los magistrados de la Sala de Decisión plantean la posibilidad de que estas mujeres sean reparadas por la justicia ordinaria, ya que por su condición de exguerrilleras no podrían lograr este tipo de beneficio en la justicia transicional.