El juzgado Quinto Administrativo de Bogotá admitió la demanda de nulidad radicada por el concejal Marco Fidel Ramírez en contra de la circular 43 de noviembre 30 del 2012 expedida por la Secretaría Distrital de Salud.

En la acción jurídica, Ramírez considera que la Secretaria no tiene competencia para reglamentar y establecer lineamientos técnicos sobre la valoración inicial, la práctica del procedimiento, el manejo de las complicaciones y el seguimiento de los abortos en el Distrito Capital.

Lo anterior es consecuencia del debate realizado por el cabildante en donde expuso que más del 97% de los 23.255 abortos practicados en el Distrito desde el 2006, tienen como causa principal la “salud mental” de la mujer, por encima del acceso carnal violento y de la malformación del feto.

Además del pronunciamiento de fondo que debe realizar el Juez Administrativo, el concejal espera los informes de los organismos de control producto de las denuncias realizadas durante el debate de control político.

Ramírez había denunciado que más del 97%, de los 23.255 abortos practicados en el Distrito desde 2006, “son extrañamente por causa de la salud mental de la mujer, lo que ha convertido a los hospitales de Bogotá en ‘mataderos’ de los no nacidos”.

El cabildante cuestionó el desmedido incremento de abortos, pues según cifras suministradas por Ramírez, de 2006-2011 pasó de 670 casos a 8.725 en 2014. De acuerdo con el cabildante, se ha comprobado que las mujeres se practican abortos argumentando estrés, ansiedad y nervios. En las causales de malformación y acceso carnal sin consentimiento se estima un 3%.

También evidenció que cada aborto cuesta en promedio un millón de pesos, “haciendo de esta cruel practica un lucrativo negocio que desborda los casos de despenalización de la Sentencia C 355 /2006. El derecho a la mujer de controlar y decidir sobre su cuerpo debe ser garantizado, pero ello no le da derecho a destrozar otro cuerpo que aunque esté en su interior, es genética, emocional y biológicamente autónomo”, ha dicho.

A mitad de año, Rámirez le solicitó a la directora Ejecutiva de Profamilia, Marta Elena Royo, retirar campaña identificada con el lema “La decisión es tuya”, pues a su juicio, direcciona engañosamente a una única decisión.

“La publicidad de Profamilia es un despropósito que anima a las mujeres a interrumpir el embarazo”, dijo el concejal, aunque reconoce coincidencia con la idea de reducir las enfermedades de transmisión sexual y los embarazos no planeados, para él debe haber mayor información sobre la despenalización, para que la publicidad mencionada no sea una apología al aborto.

Juan Carlos Vargas, gerente de investigaciones de Profamilia, explicó a El Espectador que el objetivo de la campaña es dar a conocer el derecho reproductivo de las mujeres en Colombia cuyo marco legal es la Sentencia C-355 de 2006 en la que se establecieron las tres circunstancias para interrumpir un embarazo: cuando existe peligro para la salud de la madre; cuando exista grave malformación del feto que haga inviable su vida; en caso de violación o fecundación no consentida.