“Si hay que expropiar la Universidad Católica (UC) por razones de interés superior, habrá que hacerlo”, declaró el diputado del Partido Socialista en Chile, Marcelo Schilling, ante la oposición de la universidad a la despenalización del aborto.

“Quiero decirles al rector de la UC, a los directores de las clínicas (privadas) y al arzobispo de San Bernardo que también administra un hospital, que así como los parlamentarios no están sobre la ley, los curitas y las universidades tampoco”, afirmó el diputado socialista en una entrevista en Radio Valparaíso.

El diputado Schilling respondía de este modo a las palabras del Rector de la Universidad Católica, el médico Ignacio Sánchez que dijo al diario La Tercera que en su red de salud UC Christus “no se harán abortos, nuestros principios y valores más profundos no van a cambiar por un determinado proyecto de ley. Esto es definitivo”.

Marcelo Schilling dijo además que “las leyes aquí son de validez general y si hay que expropiar la Universidad Católica por razones de interés superior, bueno, habrá que hacerlo”.

Y agregó que “el que se quiere rebelar contra la legislación tiene un camino muy fácil, la Iglesia tiene su sede estatal en el Vaticano, por si no tomaron nota de eso”.

En reacción a estas afirmaciones, el Rector de la UC afirmó al diario El Mercurio que esas “son palabras increíblemente intolerantes y totalitarias. Es preocupante que un diputado de la República dé esas opiniones”.

“Lo de Schilling sobrepasa todos los límites, porque habla de expropiar. Eso es completamente totalitario, intolerante, contrario a cualquier democracia y a la expresión de ideas”, enfatizó el médico.

La reacciones a los dichos del diputado se multiplicaron y lo llevó a retractarse este jueves afirmando que “Lo dije medio en broma”. Schilling luego matizó sus dichos: “Voy a empezar a retirar las bromas porque este país está demasiado grave”, no obstante, el diputado insistió en que pueden existir sanciones si una institución se niega a brindar atención a una mujer que experimente “evidente peligro de vida” por un embarazo, aspecto que está considerado en el proyecto gubernamental.

“Negarse a prestar auxilio a personas que están en peligro está tipificado como delito en la ley”, señaló.

“Aquí las personas jurídicas, al igual que las persona naturales, están obligadas a cumplir la ley. Y cuando se incumple, hay sanciones, hay penas”, declaró.

Al mismo tiempo, criticó los cuestionamientos al proyecto gubernamental expresados por el arzobispo de Santiago, cardenal Ricardo Ezzati.

“Quiero recordar que las iglesias están acogidas a la Ley de Culto, donde se establece lo que son las razones para existir pero también las razones de la caducidad de su personalidad jurídica”, enfatizó.

La ilicitud moral del aborto
En entrevista con ACI Prensa, Cristóbal Aguilera, asesor legislativo de Comunidad y Justicia, explicó que: “los dichos de Schilling son erróneos y no tienen fundamento ni legal ni constitucional, al punto de que nadie en su colectividad ni en el gobierno los respaldó”.

“Con todo debemos advertir que estas discusiones secundarias, sobre la autonomía de las clínicas privadas o la objeción de conciencia personal o institucional, no deben desviar el aspecto central de la discusión: la ilicitud moral del aborto”, agregó.

Cristóbal Aguilera explicó a ACI Prensa que, dada la forma en que se presentó el proyecto, por parte del gobierno, despenalizar el aborto se convertiría, en las tres causales esgrimidas, en legalización: “lo que realmente se busca con este proyecto, tanto en el discurso, como en el articulado que se propone, no es sólo que la mujer que aborta o quienes realicen el aborto no vaya a la cárcel (despenalización estricta), sino que puedan realizarlo de manera lícita en los tres supuestos (legalización)”.

“El aborto, para estos casos, se trasformaría en un derecho con todos los efectos jurídicos que eso conlleva, como el proyecto indica: trasformar el aborto en una legítima prestación de salud”, recalcó.+