La discusión del aborto parecía superada con la sentencia de la Corte Constitucional (T-355 del 2006) que despenalizó la interrupción del embarazo en tres casos específicos. Pero los congresistas conservadores insisten en revivir la discusión, ahora con un argumento particular. El año pasado el Consejo de Estado tumbó el decreto (4444 de 2009) que reglamentaba esta práctica.
José Darío Salazar, senador y presidente del Directorio Nacional Conservador, pidió a los organismos de control que investiguen al Ministerio de Salud y a la Superintendencia de Salud por haber impartido órdenes a las EPS para prestar el servicio de interrupción del embarazo sin que exista una reglamentación del aborto. “El Gobierno ha querido incluir el aborto en el plan obligatorio de salud y lo financia con dineros públicos”.
Salazar incluso dice que el Gobierno ha impartido circulares a las entidades prestadoras del servicio de salud acogiendo artículos del referido decreto a pesar de que sus efectos fueron suspendidos por el Consejo de Estado. “El Gobierno está incurriendo en fraude a resolución judicial”, aseguró.
El congresista invoca que la sentencia de la Corte Constitucional sobre el aborto le ordenó al Congreso expedir una ley para reglamentar la práctica de la interrupción del embarazo en los tres casos admitidos. “El Congreso no puede quedarse en silencio cuando el Ejecutivo le usurpe sus funciones”.
El ministro de salud, Alejandro Gaviria, rechazó la tesis conservadora. Dijo que la Corte Constitucional otorgó el derecho y que la decisión del Consejo de Estado de anular el decreto que el Gobierno expidió para reglamentar el aborto “no tiene ninguna consecuencia práctica”, de manera que se seguirá acatando la sentencia de la Corte y garantizando la prestación del derecho que el alto tribunal les concedió a las mujeres de interrumpir el embarazo cuando la vida de la madre esté en riesgo, cuando haya una malformación congénita del feto o cuando el embarazo sea producto de una violación.
Hernán Andrade, vocero del Partido Conservador, dice que el ministro Gaviria, con su postura, “está desafiando al Consejo de Estado”.
