La principal fuerza de oposición uruguaya, el conservador Partido Nacional, inició el proceso legal para que se convoque a un referéndum contra la ley de aborto aprobada por el Congreso en octubre pasado al presentar a la Corte Electoral 68 mil firmas.
Según la legislación, se necesita el 2 por ciento del padrón electoral, unas 52 mil firmas, para iniciar el proceso de consulta popular, pero los impulsores del referéndum aseguran que superaron esa cifra para “evitar sorpresas”.
En caso de que la Corte Electoral verifique que se alcanzó el número necesario, en un plazo de 90 días debe llamar a las urnas en una jornada sin voto obligatorio y en la cual el 25 por ciento del padrón electoral, unos 600 mil uruguayos, tienen que respaldar el pedido de referendo.
Si ese número se alcanza, posteriormente, y en un plazo de cuatro meses, los uruguayos deberán decidir, en ese caso con voto obligatorio, sobre el mantenimiento o derogación de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva, más conocida como ley de aborto.
La legislación, que fue aprobada en octubre en Uruguay y comenzó a aplicarse en diciembre, no legaliza técnicamente el aborto, sino que lo despenaliza siempre que se sigan ciertos procedimientos regulados por el Estado.
Las uruguayas y las extranjeras con al menos un año de residencia en el país pueden solicitar la interrupción del embarazo hasta las 12 semanas de gestación, período que se amplía a 14 semanas en caso de violación y sin restricciones para el caso de malformaciones del feto o riesgo de vida para las madres.
Previamente, las pacientes deben pasar por una comisión formada por un ginecólogo, un psicólogo y un asistente social que las asesoran sobre los riesgos de practicarse un aborto e incluso sobre la posibilidad de culminar su embarazo y dar al niño en adopción.
Posteriormente, tienen cinco días para la reflexión y luego de ratificar su voluntad se le practica el aborto, que es farmacológico y siguiendo los criterios recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS).
