El “gran jurado” eximió de todo delito a la organización Planned Parenthood (Paternidad planificada), una red nacional que brinda servicios de salud a las mujeres.

Por el contrario, el jurado inculpó a David Daleiden y Sandra Merritt, miembros del grupo anti-aborto Center for Medical Progress, por manipular documentos gubernamentales, delito que puede acarrear hasta 20 años de prisión.

También acusó a Daleiden de un delito menor por acusar a Planned Parenthood de compra de órganos humanos.

El acceso al aborto es un tema candente de alcance político en Estados Unidos, especialmente en año de elecciones presidenciales, aunque desde hace tiempo las encuestas muestran que una mayoría de la población apoya el aborto, que es legal.

El veredicto del gran jurado (encargado de evaluar preliminarmente las pruebas para decidir si hay elementos para continuar un proceso) implica que Daleiden y Merritt deben ser juzgados.

Ambos filmaron en secreto un video, difundido el 14 de julio por el Center for Medical Progress.

Con una falsa identidad, Daleiden se infiltró en el medio de la clínica durante más de dos años, con el fin de probar que Planned Parenthood comercializa “bebes muertos”, una práctica considerada ilegal.

De su lado, Planned Parenthood admite haber sido víctima de la astucia, pero asegura que sus médicos se limitan a explicar el proceso de cómo el tejido fetal se recolecta y se distribuye con fines de investigación, y que nunca se dedicaron a la venta de órganos humanos.

Su investigación cayó como una bomba entre los conservadores del Congreso y en la campaña presidencial. Los históricos enemigos de Planned Parenthood aprovecharon la ocasión para dar inicio al ataque.

Planned Parenthood administra 700 clínicas en Estados Unidos. En ellas se atienden 2,7 millones de pacientes por año. Los servicios que brindan son: anticoncepción, diagnósticos de enfermedades de transmisión sexual, cáncer de mama y abortos.